Inicio Consumo y fraude digital Cómo reclamar y qué puedo pedir
La ley de defensa del consumidor no solamente reconoce derechos: también resuelve el problema de cómo hacerlos valer.
Hay un problema que el derecho del consumidor enfrenta desde su origen: los perjuicios individuales suelen ser pequeños, y reclamarlos cuesta más de lo que se reclama. Si nada corrigiera eso, los derechos reconocidos serían puramente declarativos.
La ley previó tres respuestas concretas.
Una instancia administrativa gratuita, con audiencia de conciliación y acuerdos que se homologan y adquieren fuerza ejecutoria.
El beneficio de justicia gratuita del artículo 53, para que el costo del proceso no sea el obstáculo.
El daño punitivo del artículo 52 bis, que altera el cálculo del proveedor para el que resultaba conveniente sostener una conducta porque la mayoría no reclama.
El plazo general de prescripción es amplio, de cinco años. Pero varias herramientas concretas tienen plazos de días: diez para revocar una compra a distancia, treinta para impugnar el resumen de la tarjeta, y plazos breves para protestar por el equipaje.
Son los que más se pierden, precisamente porque el plazo general amplio da la sensación de que hay tiempo.
Todo lo que viene después se apoya en lo mismo: una constancia con fecha de que usted reclamó y de qué respondieron.
Esa constancia acredita el incumplimiento, sostiene el planteo del daño punitivo cuando el reclamo fue desatendido, y tiene efectos sobre el curso de la prescripción. Un reclamo telefónico sin número de gestión no deja nada de eso.
Reclamar por escrito y conservar la constancia es lo que más incide en el resultado.
Si la tuya no figura, contámela igual: lo que importa es qué te está pasando, no cómo se llama.
Con las fechas y las respuestas se define qué vía conviene y qué corresponde pedir. La primera entrevista es sin cargo.
Actualizado en agosto de 2026
Punto de Ley es un estudio jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Dra. Patricia Alejandra Sokolowski es abogada matriculada en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, y lleva casos de defensa del consumidor y fraude digital en las dos jurisdicciones. La primera consulta es sin cargo.