Inicio Defensa penal Negocio, fisco y aduana Me denunciaron por evasión
Me denunciaron por evasión
Los montos del régimen penal tributario fueron actualizados, y eso puede alcanzar a causas ya iniciadas.
La figura y su condición objetiva
El Régimen Penal Tributario reprime la evasión tributaria cuando el monto evadido supera determinada suma por cada tributo y por cada ejercicio anual.
Ese monto no es un elemento accesorio: es una condición objetiva de punibilidad. Por debajo de él, la conducta no es delito, sin perjuicio de las infracciones y sanciones administrativas que correspondan.
La evasión agravada tiene montos superiores y escalas mayores, y se configura además por determinadas modalidades, entre ellas la utilización de facturas o documentos apócrifos, explicada en facturas apócrifas.
Los montos desde enero de 2026
- Evasión simple: más de cien millones de pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual. Prisión de dos a seis años.
- Evasión agravada: prisión de tres años y seis meses a nueve años cuando lo evadido supera los mil millones de pesos; cuando supera los doscientos millones y se usaron personas interpuestas o estructuras para ocultar al verdadero obligado, o beneficios fiscales en forma fraudulenta; o cuando las facturas falsas generaron un perjuicio de más de cien millones.
Régimen Penal Tributario, arts. 1 y 2, según la Ley 27.799.
Estos importes rigen durante 2026. Desde el 1 de enero de 2027 se ajustan cada año según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (Ley 27.799, art. 43).
Las otras figuras del régimen
- Evasión previsional. Evadir aportes o contribuciones de la seguridad social por más de siete millones de pesos por mes tiene prisión de dos a seis años. Sube a tres años y seis meses a nueve años cuando supera los treinta y cinco millones por mes, o los catorce millones si hubo personas interpuestas o beneficios fiscales usados en forma fraudulenta.
- Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Aprovechar o percibir mediante engaño reintegros, devoluciones, subsidios u otros beneficios tributarios por más de cien millones de pesos en un ejercicio anual tiene prisión de tres años y seis meses a nueve años.
- Obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Obtener mediante engaño el reconocimiento o la autorización para gozar de una exención, un diferimiento, un reintegro u otro beneficio tiene prisión de uno a seis años, y la ley no fija un monto para esta figura.
- Insolvencia fiscal fraudulenta. Provocar o agravar la insolvencia, propia o ajena, después de conocer que empezó un procedimiento para determinar o cobrar la deuda, frustrando su cobro, tiene prisión de dos a seis años.
- Simulación dolosa de cancelación. Simular con comprobantes falsos u otro engaño el pago de obligaciones tributarias por más de veinte millones de pesos por ejercicio, o de la seguridad social por más de tres millones quinientos mil por mes, tiene prisión de dos a seis años.
En los casos de beneficios fiscales, además de la pena, la ley impone la pérdida del beneficio y de la posibilidad de obtener otros durante diez años.
Régimen Penal Tributario, arts. 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 14, según la Ley 27.799.
Si lo que no se depositó fueron impuestos retenidos o aportes descontados a los empleados, la figura es otra y no exige engaño: está explicada en retenciones no depositadas. Y si la imputación alcanza al contador, en contador imputado.
La actualización de los montos
La Ley 27.799 sustituyó los montos del régimen, elevándolos de manera significativa.
Esto tiene una consecuencia directa para las causas en trámite: el artículo 2 del Código Penal establece que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
Cuando el monto imputado en una causa iniciada bajo el régimen anterior queda por debajo del nuevo umbral, corresponde plantear la aplicación de la ley penal más benigna. El Decreto 93/2026 dispuso expresamente que, para los hechos anteriores a la Ley 27.799, la configuración del delito se evalúa con los nuevos importes.
Es un planteo que conviene revisar en toda causa en trámite, incluso en las que llevan años.
La extinción por pago
La Ley 27.799 reescribió este punto. Si la deuda evadida y sus intereses se cancelan en forma total antes de la denuncia, el organismo no la formula, y ese beneficio se otorga por única vez a cada persona humana o jurídica.
Si la causa ya empezó, la acción penal se extingue cancelando las obligaciones y sus intereses más un cincuenta por ciento adicional, dentro de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la imputación. Rige para la evasión simple y agravada, la evasión previsional y el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.
Y la ley agregó que la acción penal no prosigue cuando están prescriptas las facultades del organismo para determinar el tributo.
Régimen Penal Tributario, art. 16 y artículos incorporados por la Ley 27.799.
Conviene evaluarla temprano, porque los plazos son acotados.
La instancia administrativa previa
La denuncia penal no llega sola: viene precedida de un procedimiento ante el organismo recaudador.
La Ley 11.683 regula la determinación de oficio en sus artículos 16 y 17, y el Régimen Penal Tributario prevé que la denuncia se formule una vez dictada esa determinación.
Ese procedimiento administrativo es donde se discute el monto que después sostiene la imputación penal.
Por eso conviene contestar la vista de la determinación de oficio y, en su caso, recurrirla.
El monto se discute en la etapa administrativa
Cuando llega la vista de una determinación de oficio, conviene no tratarla como un trámite fiscal más.
Es en esa instancia donde se establece el monto, y ese monto es el que después define si hay delito y con qué escala.
Por eso, frente a una vista, la respuesta conviene prepararla con el criterio penal ya presente y no solamente con el fiscal.
La reconsideración y la apelación ante el Tribunal Fiscal se interponen, a opción, dentro de un mismo plazo de quince días de notificada la resolución.
Qué conviene hacer
En este orden, y sin dejar pasar los días.
-
Al recibir la vista
Contestar la determinación de oficio
Es la instancia donde se discute el monto.
-
Enseguida
Verificar el umbral vigente
La Ley 27.799 elevó los montos, y la ley penal más benigna puede alcanzar causas ya iniciadas.
-
Evaluar
La extinción por pago
Tiene plazos acotados, y el beneficio anterior a la denuncia se otorga por única vez.
-
Si hay imputación
Revisar quién responde
La actuación en nombre de una persona jurídica tiene reglas propias sobre a quién alcanza la imputación.
Preguntas frecuentes
Tengo una causa vieja, ¿me sirve la ley nueva?
Puede servir. El artículo 2 del Código Penal manda aplicar siempre la ley más benigna, y la Ley 27.799 elevó los montos. Si el importe imputado queda bajo el nuevo umbral, corresponde plantearlo.
¿Si pago se termina la causa?
Si la deuda y sus intereses se cancelan en forma total antes de la denuncia, el organismo no denuncia, y eso se concede por única vez. Con la causa iniciada, la acción se extingue pagando la deuda, los intereses y un cincuenta por ciento adicional dentro de los treinta días hábiles de notificada la imputación.
La que evadió fue la empresa, no yo.
La actuación en nombre de una persona jurídica tiene previsiones propias sobre a quién alcanza la imputación. Se examina la intervención concreta de cada persona en los hechos.
La denuncia la hizo otra persona, no ARCA
Cuando la denuncia la formula un tercero, el juez remite los antecedentes al organismo recaudador para que inicie la verificación y la determinación de la deuda, que debe dictar en un plazo de ciento veinte días hábiles administrativos, prorrogable. El monto se sigue discutiendo en esa instancia.
¿Te llegó una determinación de oficio o una denuncia?
Contame en qué etapa está el asunto y qué monto determinó ARCA. Con eso se ve qué conviene plantear primero. La primera entrevista es sin cargo.
Actualizado en octubre de 2026
Punto de Ley es un estudio jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Dra. Patricia Alejandra Sokolowski es abogada matriculada en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, y lleva casos de defensa penal en las dos jurisdicciones. La primera entrevista es sin cargo.
