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Me acusan de resistencia
Es la imputación que aparece con más frecuencia cuando el procedimiento original era irregular.
La figura
El artículo 239 del Código Penal reprime con prisión de quince días a un año a quien resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal.
La expresión decisiva es "en el ejercicio legítimo de sus funciones". Si la actuación del funcionario no era legítima, la figura no se configura.
Ese es el núcleo de la defensa: cuando la detención o la requisa carecían de fundamento, la resistencia a ese acto no es típica.
El atentado, que es otra figura
Se confunden todo el tiempo y no son lo mismo. El atentado alcanza a quien emplea intimidación o fuerza contra un funcionario público, o contra quien le presta asistencia, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. La pena es de prisión de un mes a un año.
La prisión pasa a ser de seis meses a dos años si el hecho se comete a mano armada, por una reunión de más de tres personas, si el autor es funcionario público, o si se ponen las manos en la autoridad. En el caso del funcionario se suma inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.
La diferencia práctica está en la finalidad: el atentado busca forzar un acto de la función; la resistencia se opone a uno que ya se está ejecutando.
Código Penal, arts. 237 y 238.
Qué conducta exige
La resistencia requiere una oposición activa al accionar del funcionario. No la configuran la mera negativa a colaborar, la discusión verbal, el reclamo airado ni la protesta.
La distinción importa porque estas imputaciones se apoyan con frecuencia en descripciones genéricas: haber adoptado una actitud hostil, haber alzado la voz, no haber acatado de inmediato.
Lo que se examina es qué conducta concreta se describe en el acta y si esa conducta constituye oposición activa.
La desobediencia
El mismo artículo 239 alcanza la desobediencia a una orden. Es la figura que se aplica cuando se incumple una medida de protección, y está tratada en me denunciaron por violencia familiar.
Requiere que la orden sea legítima, que haya sido debidamente notificada y que su alcance resulte claro. Los tres elementos se discuten.
La imputación de resistencia suele acompañar a un procedimiento irregular
Es un patrón que conviene reconocer. Cuando la requisa o la detención carecían de fundamento, la imputación de resistencia aparece con frecuencia como respaldo del procedimiento.
Por eso ambas cuestiones se trabajan juntas: la nulidad del procedimiento original y la atipicidad de la resistencia a un acto que no era legítimo. Acreditada la primera, la segunda se sigue.
La descripción concreta de la conducta en el acta es donde se concentra el planteo.
Qué conviene hacer
En este orden, y sin dejar pasar los días.
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En el momento
No resistirse, aunque sea injusto
La oposición activa configura la figura. El planteo se hace después y con el expediente a la vista.
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En el momento
Identificar al personal y a los testigos
Es lo que permite después contrastar la versión del acta.
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Ese día
Escribir el relato completo
Qué se hizo concretamente, qué se dijo, cuánto duró.
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Cuanto antes
Pedir las cámaras
Es la prueba que más veces resuelve estas causas, y se sobrescribe rápido.
Preguntas frecuentes
Solo discutí, no lo toqué.
La figura exige oposición activa. La discusión verbal, la negativa a colaborar o la protesta no la configuran.
El procedimiento era irregular.
Es el planteo central. El artículo 239 exige que el funcionario esté en el ejercicio legítimo de sus funciones. Si la actuación no era legítima, la resistencia no es típica.
Lo que dice el acta no fue así.
Se contrasta con cámaras, testigos y registros. Cuando existen elementos que contradicen la versión del acta, la imputación pierde sustento.
Traé el acta y lo que recuerde del procedimiento
La conducta concreta que se describe es donde se concentra la defensa. La primera entrevista es sin cargo.
Actualizado en septiembre de 2026
Punto de Ley es un estudio jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Dra. Patricia Alejandra Sokolowski es abogada matriculada en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, y lleva casos de defensa penal en las dos jurisdicciones. La primera entrevista es sin cargo.